La presentación judicial fue realizada por damnificados de distintas provincias y apunta a una empresa vinculada al rubro agropecuario. Uno de los abogados denunciantes estimó que las maniobras podrían superar los $5.000 millones.
Una firma santiagueña fue denunciada en los tribunales de La Banda por una presunta estafa multimillonaria vinculada a operaciones de compraventa de ganado, que habrían sido abonadas mediante cheques digitales sin fondos.
La presentación apunta contra los responsables de North Trading Solutions S.R.L., empresa vinculada a actividades de feedlot, intermediación de carnes, matanza y comercialización de ganado, transporte automotor de cargas y actividades agropecuarias.
Según la denuncia, entre los damnificados se encuentran empresarios de Salta, Corrientes y un consignatario, quienes reclaman pagos superiores a los $1.400 millones por operaciones ganaderas que no habrían sido canceladas conforme a lo acordado.
Las presentaciones fueron impulsadas por los abogados Valeria Lescano y Javier Leiva, con intervención de los fiscales José Piña y Hugo Herrera. Las actuaciones quedaron a cargo del Departamento Delitos Económicos de La Banda.
De acuerdo con la denuncia formulada por Leiva, la presentación apunta contra los responsables de la firma denunciada, además de “todo otro partícipe, colaborador, administrador de hecho o de derecho y/o tercero que resulte responsable”.
Los delitos atribuidos en la presentación son presunta “estafa reiterada, asociación ilícita, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta y demás figuras penales que pudieren surgir durante la investigación”.
El abogado denunciante sostuvo que sus clientes habrían sido víctimas de maniobras sistemáticas. En ese sentido, señaló que el mecanismo habría incluido la captación comercial mediante el uso de una firma, la exhibición de una estructura empresaria aparentemente sólida, la invocación de solvencia económica y respaldo patrimonial, la recepción efectiva de los animales y el posterior incumplimiento de los pagos comprometidos.
Además, indicó que luego se habrían sucedido dilaciones, promesas incumplidas y evasivas permanentes ante los reclamos realizados por los damnificados.
Si bien el perjuicio económico denunciado por sus representados rondaría los $1.400 millones, Leiva estimó que el monto total de la presunta defraudación podría superar los $5.000 millones, al considerar la posible existencia de numerosos productores damnificados de distintos puntos del país.
De acuerdo con la presentación judicial, la investigación busca determinar el alcance de las operaciones, la responsabilidad de la firma denunciada y la eventual participación de otras personas en las maniobras bajo análisis.
